Desde el 26 de junio de 2025, entró en vigor la Ley de Integridad Pública, que introduce reformas sobre la contratación y estabilidad de los servidores públicos en Ecuador. Aunque dice buscar “eficiencia”, su impacto real podría ser otro muy distinto.

Contratos “Ocasionales” y nombramientos “provisionales” perpetuos

La nueva normativa permite que los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales se renueven sin límite, ni temporal, ni en relación al tamaño de la institución, la “ocasionalidad” tiene con ello puerta abierta para ser la generalidad.

Cierto es que el abuso en la contratación ocasional vienes desde hace años, pero la nueva ley no corrige el error; lo consolida, lo “legaliza”. La ley promueve que el personal público pueda permanecer en modalidad precaria durante años o décadas, sin acceso a nombramiento definitivo mediante concurso.

Para el servidor, esto significa vivir en incertidumbre permanente. Sin estabilidad, no puede proyectarse a futuro, lo que afecta su proyecto de vida, el de su familia, e incluso es potencialmente lesivo para su salud, porque quien está siempre en ascuas porque no sabe si mañana le notifican o no, de seguro no vive tranquilo.

A nivel institucional, el sistema favorece que cada cambio de autoridad (ministro, alcalde, presidente, etc.) entienda el personal como un botín político: desvincula y recontrata sin continuidad, perdiendo experiencia y capacidad acumulada.

 

El Discurso estigmatizador del “Estado obeso”

El ejecutivo y su vocería oficial, y la contratada, intenta justificar la ley con un discurso de un Estado “obeso” que debe adelgazar, estigmatizando a los servidores como “pipones” con “sueldos dorados”, la verdad es que muchos de los perjudicados son funcionarios con sueldos de los más bajos en las instituciones públicas, y de hecho, varios de los funcionarios separados han tenido que ser recontratados porque cumplían roles fundamentales, esto nos hace ver que la decisión ha sido totalmente anti técnica y no es cierto que se está corrigiendo desigualdades o eliminando puestos innecesarios (al menos no en la mayoría de los casos).

Este discurso de que el estado es “obeso” no es sino la repetición hueca de una muletilla liberal que se usa para justificar el recorte, en especial en lo que tiene que ver con recursos estratégicos o sectores que históricamente claman por no ser controlados: energía eléctrica, petróleo, seguridad social, minería, que coincidentemente son muy rentables para el sector privado. Queda claro que el siguiente paso será con seguridad empezar a hablar de la privatización de estos sectores y de la mano invisible del mercado regulándoles y protegiéndonos mágicamente.

La realidad es que países de la región, o los tantas veces citados como ejemplo, los países nórdicos: Suecia, Noruega, Finlandia, y muchos otros tienen un porcentaje mucho más alto de servidores públicos, ¿con qué fin?, garantizar servicios públicos de calidad.

 

¿Qué hacer?

Primero, sumarse a las demandas de inconstitucionalidad ya presentadas contra esta ley, tanto por vicios en su aprobación, como porque su contenido representa una regresión de derechos y una afrenta al principio constitucional de estabilidad laboral.

Y si fuiste víctima de una terminación de tu contrato ocasional o nombramiento provisional, luego de años—o incluso décadas—de servicio al Estado, demanda, reclama, no tengas miedo. Sí, los procesos judiciales son largos, desgastantes, pero la defensa de los derechos dignifica.

Además, no estás solo: la Corte Constitucional ya ha advertido que el uso abusivo y prolongado de contratos ocasionales constituye precarización laboral, una práctica que está expresamente prohibida por la Constitución. Es decir, tienes herramientas, tienes argumentos, tienes derecho.

Y si tú no eres servidor público, seguro conoces a alguien que sí lo es. Y si tampoco, al menos eres usuario de los servicios públicos. Por eso, esto nos afecta a todos.

Frente a este escenario, hay que cerrar filas. No podemos permitir que se normalice el discurso que estigmatiza al trabajador público, sin pruebas ni contexto. Eso es discriminación, pura y simple. Y no podemos permitir que la precarización laboral se venda como eficiencia ni que los recortes se maquillen como ahorro.

Porque no se trata solo de empleos, se trata de derechos, de dignidad y de la calidad de los servicios públicos que todos usamos.

 

Dr. Juan Carlos Almeida Pozo